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    Informe de Prensa
    25 de Agosto de 2013  

    Saber y aprender de la historia política desde el punto del Derecho internacional público de América es más que el simple acto de conocer y saber acerca del pasado. Aprender y estudiar Historia americana implica un profundo compromiso con el pensamiento crítico actual y el cuestionamiento permanente de nuestra sociedad en el presente.

    En el caso de América, hemos visto transcurrir el paso de la misma historia demostrando que podemos ser independientes en todos los frentes, desde el político y económico hasta el social.

    En el pasado, y aun hoy día, siempre estamos demostrando que podemos mantener nuestra independencia política, económica y social sin balas porque continuamente estamos coexistiendo y viviendo nuestra propia historia como un constante examen, sin dejar de reivindicar lo que podemos lograr todos juntos sin dejar nuestras peculiaridades como países.

    En el tema de la responsabilidad financiera internacional del Estado (un apéndice del Derecho internacional público) ha sido arduo y no lleno de espinas, es por eso que desde este artículo intentaré analizar el tema de la Doctrina Drago.

    En materia del Derecho internacional público, los Estados han tenido que modificar sus normas y sus principios con el paso del tiempo para encontrar una armonía en su convivencia, equidad en sus relaciones multilaterales y equilibrio entre los países de los cuales se independizaron para no vivir su vida institucional en una constante tensión con las demás naciones pero estas relaciones, en algunos casos, siguen siendo inestables.

    La doctrina Drago ofrece un ámbito que permite a los historiadores y juristas verificar el vaivén y desarrollo de los pensamientos políticos, económicos y sociales durante la primera mitad del siglo XX en América y en el mundo.

    La mayoría de los países de América eran independientes tempranamente en forma política a principios del siglo XIX, pero batallan por su independencia económica en el siglo XX y XXI. Por lo tanto había inestabilidad en el Siglo XX y esta conspiraba con algunos gobiernos que no eran verdaderamente democrático como el caso del dictador venezolano Cipriano Castro.

    En los inicios del siglo pasado, concretamente en 1902, en Venezuela la situación era que se iniciaba una nueva y larga hegemonía en la historia política-económica por parte de Cipriano Castro. En tal sentido, tenemos el estallido de la Revolución Libertadora (1901-1903), liderada por el banquero Manuel Antonio Matos. Esta contó con el apoyo financiero de compañías extranjeras para obligar a esta nación al pago de las deudas contraídas con ciudadanos de Inglaterra, Alemania e Italia.

    Para esta época, anterior a la Primera Guerra Mundial, las nuevas tendencias geopolíticas basadas en la fuerza de la balas y apoyadas en la idea de la “Paz Armada”, era que se quería lograr un camino hacia el dominio del mundo con el expansionismo territorial amparado por la idea del imperialismo. Y América era un territorio apto para tales fines.

    El dictador Cipriano Castro, presidente venezolano entre 1899-1908, optó por aceptar las condiciones impuestas económicamente de Italia, Alemania e Inglaterra el 1 de enero de 1903, después de la revolución.

    El 13 de febrero, Castro reconoció a través del protocolo de Washington la justicia de los reclamos europeos, pagando algunas deudas de inmediato y otras a través de comisiones, estableciéndose en garantía hasta el 30 % de los ingresos de las aduanas de La Guayra y Puerto Cabello, lo que fue percibido por agentes belgas.

    Pero el dictador venezolano había afirmado rotundamente que todas las reclamaciones extranjeras se consideraban un asunto interno de Venezuela y, como tales, de competencia de los tribunales locales amparado en la doctrina Calvo, por lo tanto no iba a pagar más deudas a los países que las reclamaban.

    Las naciones de América reaccionaron rápidamente ante el envite de los estados europeos disconformes y el poder de los cañones usados para tales fines. El ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Luis María Drago, defendió a Venezuela de la agresión europea elaborando una tesis conocida como “Doctrina Drago” que es usada en todo el Derecho internacional público actual.

    En ella establecía que ningún país tenía derecho a reclamar por la fuerza de las armas el pago de sus deudas. La Doctrina Drago proviene de las ideas de la Doctrina Calvo que proponía prohibir la intervención diplomática hasta que no estuviesen agotados los recursos locales.

    El principio general de la doctrina Calvo establecía que los pleitos con los ciudadanos extranjeros debían necesariamente ser solucionados por los tribunales locales evitando la intervención diplomática del país de pertenencia. Esta es, en extrema síntesis, la doctrina Calvo, un pensamiento que tuvo gran importancia entre los países de América Latina.

    Pero volviendo a la doctrina Drago se sostiene que los capitalistas que prestan dinero a un estado extranjero conocen de antemano su cultura, su grado de civilización y sus recursos, pudiendo así inferir posibles incumplimientos o retrasos en el pago de sus obligaciones.

    Drago sostenía que se había llegado a esta situación porque Venezuela había vivido convulsiones; desde un periodo de anarquía hasta guerras civiles. En este sentido, un incumplimiento en cuanto a los plazos establecidos no significaba necesariamente falta de voluntad de pago, sino la necesidad de diferirlos hasta un momento económico, social o político más oportuno. Y la situación de Venezuela demostraba que ese no era el momento.

    Por ello, y más allá de cualquier consideración jurídica, el cobro compulsivo resulta inadmisible. A pesar de encontrar numerosas resistencias, la Corte Internacional de la Haya, tribunal supremo de justicia a nivel mundial, consagró la legitimidad de la doctrina Drago y Calvo, que contó con el apoyo del presidente de Estados Unidos, Teodoro Roosevelt (Doctrina del Garrote o Big Stick).

    El gobierno de Washington se atribuía el derecho de intervención en todo el hemisferio occidental amparado en la Doctrina Monroe, pero en el caso de Venezuela no había querido intervenir. Desde la óptica del Derecho internacional, toda cobranza unilateral de deuda pública conlleva la violación de la soberanía estatal o la denominada autodeterminación, pues implica una innecesaria ocupación militar del territorio del Estado deudor o acciones equivalentes como en al caso de Venezuela: bombardeos, bloqueo de puertos y sustracción de escuadras.

    Por otra parte, la actuación de Drago buscó preservar los intereses y la integridad del Estado en forma pacífica como no había sucedido en Argentina en época de Juan Manuel de Rosas específicamente.

    Drago sostuvo los siguientes argumentos: “Entre los principios fundamentales del Derecho público internacional que la humanidad ha consagrado es uno de los más preciosos el que determina que todos los Estados, cualquiera que sea la fuerza de que dispongan, son entidades de Derecho, perfectamente iguales entre sí y recíprocamente acreedoras, por ello, a las mismas consideraciones y respeto”.

    Bibliografía

    Historia Argentina. Editora Ayres, pp. 16-35.

    • Rizzo Romano, Alfredo (1981). Manual de Derecho Internacional Público. Editorial Plus Ultra.

    Fuente: Revista El Arcón de Clio

     




     
     

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