Los Originarios Argentinos
Zona actual Provincia de Formosa
- Pilagás
Cuando se hablaba del desierto verde los aborígenes ya estaban aquí. Cuando era un serio problema remontar el río Pilcomayo por sus anuales correntadas de agua y limo, ellos eran los únicos que lo navegaban libremente porque lo conocían a fondo y la chalana les respondía con vos de madera.
Los Pilagá son descendientes de los Guaycurúes, aborígenes que habitaban n los montes, en el norte del actual territorio argentino y aún más al norte del mismo.
El nombre de Guaycurú se aplicó a todos los grupos descendientes de esta familia que vivían desde el siglo XVI frente a lo que hoy es Asunción del Paraguay. Los Pilagá son los únicos Guaycurúes que todavía en gran parte han conservado una cultura autóctona. Son de estatura alta y complexión fuerte. Costumbres: adores y recolectores de frutos del algarrobo, del chañar, del mistol, de la tuna y del molle, de los higos de tuna, pequeños ananaes silvestres, porotos de monte, raíces y cogollos de palmera, y han practicado el cultivo del suelo. Trabajan como cosecheros (en la zafra del algodón y otros cultivos), hacheros y realizan artesanías típicas como tejidos, tallas de madera (en carandillo y chaguar) y cestería las cuales venden para ayudar a su subsistencia. Practican la agricultura y la ganadería (crian cabras y ovejas), además de aprovechar los frutos del monte como base de su alimentación.
Hablan su lengua nativa. Existiendo escuelas bilingües y biculturales, tratan de conservar su cultura y discuten sus problemas y las soluciones comunitarias a los mismos, participan de experiencias y aprendizajes conjuntos. Un ejemplo de sus actividades es la presentación de trabajos y propuestas por parte de la Intercomisión Pilagá en la modificación de la Constitución de la Provincia de Formosa.El genocidio de Rincón Bomba, Formosa, es uno de los crímenes más tapados de nuestra historia. Ocurrió en octubre de 1947, sesenta años atrás, pero recién comenzó a ser investigado hace tres años por dos abogados, Julio César García y Carlos Alberto Díaz, quienes a instancias de las comunidades pilagás presentaron el 1 de abril de 2005 una denuncia contra el Estado Nacional en el Juzgado Federal de Formosa por crímenes terribles contra el pueblo indígena.
Jorge Pedrozo y Fredy Trinidad, secretario y subsecretario, respectivamente, de la Asociación Judicial de Formosa, filial de la FJA, confirmaron la existencia de la causa y sostuvieron que la masacre contra el pueblo pilagá, que involucra además a los pueblos wichí, toba y mocoví, es uno más de la serie que se ha desatado contra los pueblos originarios, pero quizás haya sido el que arrojó mayor cantidad de muertes. El pueblo de Formosa -añadieron- exige que se haga justicia.
Antropólogos forenses, por orden judicial, comenzaron a realizar exhumaciones en Rincón Bomba, tierras de la gendarmería cercanas a la localidad de Las Lomitas, en donde hace sesenta años habrían sido enterrados cientos de cuerpos. De todos modos, los presupuestos para las excavaciones fueron escasos, y esto ha hecho que se retrase el total esclarecimiento de la masacre y que continúe tan tapada como los cuerpos enterrados en Rincón Bomba. Veamos cómo sucedieron los acontecimientos.
En marzo de 1947, miles de hombres, mujeres y niños comenzaron la marcha desde Las Lomitas, en Formosa, hasta Tartagal, en Salta. Eran braceros pilagás, tobas, mocovíes y wichís. Les habían prometido trabajo en el Ingenio San Martín de El Tabacal, propiedad del magnate Robustiano Patrón Costas. Les iban a pagar 6 pesos por día. Eso justificaba esa caminada de días y noches, más de cien kilómetros con hambre, cargando penurias y humillaciones. En abril llegaron a El Tabacal, se instalaron en las inmediaciones y empezaron a trabajar en la caña de azúcar. A trabajar todos, mujeres y chicos también. Pero cuando fueron a cobrar llegó la estafa: les quisieron pagar sólo 2,50 pesos por día. Los caciques protestaron. Pidieron un encuentro con don Robustiano o cualquiera otra autoridad del ingenio. Nadie los escuchó. Pocos días después, Patrón Costas dio la orden de echarlos sin ninguna consideración.
Miles de indígenas -se estima que eran 8.000- con escasísimos alimentos que les dieron pobladores de El Tabacal, emprendieron la retirada a Las Lomitas. Otros más de cien kilómetros a pie con niños, ancianos y el hambre que se fue acumulando en cuerpos huesudos y panzas desnutridas. Se instalaron en un descampado llamado Rincón Bomba, cercano al pueblo. Encontraron allí no sólo un madrejón que les proporcionaba agua, un recurso fundamental teniendo en cuenta el lugar hostil y las elevadas temperaturas, sino también compañía: ahí asentaban grupos de su misma etnia.
Estaban agotados y enfermos. Recuerdan algunas pocas crónicas de la época y lo confirman las presentaciones de los abogados García y Díaz, las madres indígenas recorrían las calles de Las Lomitas y de los parajes vecinos para pedir un poco de pan. La estafa que había protagonizado Patrón Costas contra los braceros se fue corriendo de boca en boca. Por aquel entonces Formosa no era provincia, los gobernantes eran designados por el poder central, es decir, por el presidente Juán D. Perón. Los pilagás decidieron formar una delegación para ir a pedir ayuda. Al frente se pusieron tres caciques, Nola Lagadick, Paulo Navarro (Pablito) y Luciano Córdoba. Hablaron con la Comisión de Fomento. Y también con el jefe del Escuadrón 18 de Gendarmería Nacional, comandante Emilio Fernández Castellano. El Presidente de la Comisión de Fomento se comunicó con el gobernador de Formosa, Rolando de Hertelendy, y éste con el gobierno nacional. Al enterarse, el presidente Juan Domingo Perón mandó inmediatamente tres vagones de alimentos, ropas y medicinas.
Los tres vagones llegaron a la ciudad de Formosa a mediados de septiembre. Pero el delegado de la Dirección Nacional del Aborigen, Miguel Ortiz, dejó los vagones abandonados en la estación tras ser despojados de más de la mitad de sus cargas. Salieron diez días después y llegaron a Las Lomitas a principios de octubre. Los alimentos estaban en estado de putrefacción. Pero aún así los repartieron en el campamento indígena. Las consecuencias fueron de espanto: al día siguiente amanecieron con fuertes dolores intestinales, vómitos, diarreas, desmayos, temblores, por lo menos cincuenta indígenas murieron, en su mayoría niños y ancianos. Al principio fueron enterrados en el cementerio de Las Lomitas, luego les cerraron las puertas y los cadáveres tuvieron que ser llevados al monte. Cuentan que noche tras noche retumbaban los instrumentos en las ceremonias mortuorias. La indignación fue lógica. Las crónicas locales propalaron la versión de que la bronca se convertiría en estallido contra los habitantes y se infundió miedo.
Los indios denunciaron que habían sido envenenados. El presidente de la Comisión de Fomento de Las Lomitas, a su vez, fue a hablar varias veces con el comandante de los gendarmes. Le decía que el pueblo tenía miedo que los hambrientos los atacaran… Obvio, después de las muertes por alimentación podrida, este rumor creció. La Gendarmería rodeó el campamento indígena con cien gendarmes armados y prohibió a los pilagás entrar al pueblo.
Frente a tanta agresión y desprecio, el cacique Pablito pidió hablar con el comandante. El oficial aceptó encontrarse en el atardecer, pero a campo abierto. Allí estuvieron. Era el 10 de octubre. El cacique avanzó seguido por más de mil mujeres, niños, hombres y ancianos pilagás con retratos de Perón y Evita. Enfrente, desde el monte vecino, cien gendarmes los apuntaban con sus armas.
Los indios habían caído en la trampa. El segundo comandante del Escuadrón, Aliaga Pueyrredón, dio la orden y las ametralladoras hicieron lo suyo. Cientos de pilagás cayeron bajo las ráfagas. Otros lograron escapar por los yuyales pero la Gendarmería se lanzó a perseguirlos: “que no queden testigos”, era la consigna de los matadores. La persecución duró días hasta que fueron rodeados y fusilados en Campo del Cielo, en Pozo del Tigre y en otros lugares. Luego -señala la presentación de los abogados-, los gendarmes apilaron y quemaron los cadáveres. Según la presentación ante la Justicia, fueron asesinados de 400 a 500 pilagás. A esto hay que sumarle los heridos, los más de 200 desaparecidos, los niños no encontrados y los intoxicados por aquellos alimentos en mal estado. En total, se calcula que murieron más de 750 pilagás, wichís, tobas y mocovíes.